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Adecagua
Legislación

La legislación relativa a aguas continentales en España comienza a tomar importancia en el siglo XIX cuando se comienza a hablar del agua como un bien fundamental para el desarrollo y prosperidad de los pueblos, aunque todavía sin concederle el valor económico que actualmente se le reconoce.

Durante esta época aparecen las primeras voces que reclaman actuaciones del poder político para encontrar soluciones de futuro. Surge así la planificación hidrológica como una nueva disciplina orientada a garantizar la cantidad y calidad del agua. Así se empiezan a incorporar los temas hidráulicos dentro de la problemática administrativa del Estado.

En 1864 se encargo a la Junta Consultora de Caminos, Canales y Puertos, la redacción de un Programa para el estudio hidrológico de las cuencas de los ríos a través de su sección de aguas.

En 1865 una Real Orden de 29 de julio crea las diez Divisiones Hidrológicas, para quedar definitivamente transferidas en 1899 a las Jefaturas Provinciales, donde se crearía una sección especial de aguas para ellas. En 1879 se publica la primera Ley de Aguas centrada en aspectos cuantitivos y de consumo.

Ya en la segunda década del siglo XX, en 1926, se crean las Confederaciones Sincicales como antesala de las actuales Confederaciones Hidrográficas. Esta fecha supone un antes y un después en la estructura de la gestión hídrica española. Aparece la primera Confederación Hidrográfica como inicio de la gestión por unidades de cuenca, un ejemplo que todavía hoy se persigue en textos legales recientes como la Directiva Marco del Agua. Las Confederaciones Hidragráficos fueron, poco a poco, ampliando sus competencias de acuerdo a las demandas de la sociedad.

En 1865 una Real Orden de 29 de julio crea las diez Divisiones Hidrológicas, para quedar definitivamente transferidas en 1899 a las Jefaturas Provinciales, donde se crearía una sección especial de aguas para ellas. En 1879 se publica la primera Ley de Aguas centrada en aspectos cuantitivos y de consumo.

Ya en la segunda década del siglo XX, en 1926, se crean las Confederaciones Sincicales como antesala de las actuales Confederaciones Hidrográficas. Esta fecha supone un antes y un después en la estructura de la gestión hídrica española. Aparecela primera Confederación Hidrográfica como inicio de la gestión por unidades de cuenca, un ejemplo que todavía hoy se persigue en textos legales recientes como la Directiva Marco del Agua. Las Confederaciones Hidragráficos fueron, poco a poco, ampliando sus competencias de acuerdo a las demandas de la sociedad.

La primera ley de Aguas de 1879 estuvo sin modificaciones, durante más de un siglo, hasta que en 1985 se aprueba lanueva Ley de Aguas. Con esta última disposición se establece un nuevo régimen jurídico del dominio público hidráulico en el marco de la Constitución y la distribución de competencias entre el Estado y las autonomías.

Con la entrada de España en la Unión Europea surge la obligatoriedad de trasponer a nuestra normativa las disposiciones emanadas desde Europa. En este sentido la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000), establece la necesidad de crear un marco de actuación que garantice el buen estado de las masas de agua y promueva un uso sostenible, asegurando el suministro de agua en condiciones adecuadas, así como el horizonte del año 2015 para la consecución del buen estado ecológico de las aguas, lo que supone establecer un programa de medidas y sistemas de control en los próximos años que se deben incorporar al modelo de gestión del agua a través de la planificación hidrológica.

Se desarrolla de esta manera un modelo de gestión basado en el agua como bien público, el mantenimiento de la unidad de gestión en cada una de las cuencas hidrográficas, la íntima relación entre el ciclo del agua y su interacción con los ecosistemas, prestando especial interés a la calidad del agua y estableciendo la planificación y participación ciudadana como herramientas en la política del agua.

Hoy en día existen infinidad de leyes relacionadas con el estado de las aguas. La legislación es abundante y abarca una gran variedad de textos legales cuya interpretación presenta en ocasiones, cierta dificultad.

La calidad del agua se ha entendido históricamente como su aptitud para satisfacer distintos usos en función de sus características fisicoquímicas. Esta calidad se evalúa mediante unos parámetros determinados y sus límites de concentración asociados. Este es el enfoque de las Directivas europeas de usos.

Así una misma masa de agua puede presentar buena calidad para un determinado uso recreativo, como el baño, pero al mismo tiempo presentar una mala calidad para otro tipo de uso como el abastecimiento.

Existe otro enfoque denominado calidad general que se refiere a la suma de la aptitud para los distintos usos, de manera que una determinada masa de agua tiene más o mejor calidad cuanto más usos permite.

Este enfoque por usos y calidad general se ha complementado con el concepto integral de estado, introducido por la Directiva Marco del Agua (DMA), en la que el estado de las masas de aguas superficiales, se determina por el peor valor del estado químico y ecológico obtenido en los programas de seguimiento.

De cara a una mejor comprensión de la legislación relacionada con la calidad de las aguas, ésta se suele agrupar en los siguientes grupos:

Legislación básica
Dominio Público Hidráulico
Planificación
Objetivos de calidad
Vertido de aguas residuales urbanas
Sustancias peligrosas
Valoración de daños al Dominio Público Hidráulico